SAN FRANCISCO (AP) — Una dividida corte federal de apelaciones se rehusó el viernes a permitir de momento que el gobierno del presidente Donald Trump prohíba el asilo a migrantes que hayan cruzado a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con México.

La prohibición de Trump es discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso, decretó un panel de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en una decisión 2-1.

“Al igual que nosotros no debemos, como se nos recuerda a menudo, ‘legislar desde el Congreso’, el Ejecutivo tampoco debe legislar desde la Oficina Oval”, escribió por la mayoría el juez del 9no Circuito, Jay Byby, propuesto al cargo por el presidente republicano George W. Bush.

Un portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford, no comentó al respecto. Sin embargo, hizo referencia a una declaración previa en la que se mencionó que el sistema de asilo estaba averiado y señaló que la agencia espera “continuar defendiendo el ejercicio legítimo y bien fundamentado de la autoridad del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis en nuestra frontera sur”.

El asunto en cuestión es el anuncio del 9 de noviembre del presidente Donald Trump en el que prohíbe brindar asilo a cualquier persona que cruce la frontera por las zonas ubicadas entre los cruces oficiales. El mandatario emitió la medida debido a las caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigían a la frontera.

Un juez de una corte menor bloqueó la medida y posteriormente se rehusó a permitir su implementación. El gobierno apeló la restricción temporal, impuesta el 19 de noviembre por el juez Jon Tigar, ante el 9no Circuito.

En la opinión discordante del fallo del 9no Circuito, el juez Edward Leavy dijo que el gobierno “adoptó métodos legales para enfrentar los problemas actuales que proliferan en la frontera sur”. Ningún punto en la ley citada por la mayoría colegiada impedía una normativa que prohibiera categóricamente el asilo en función de cómo una persona ingresó en el país, dijo Leavy, quien fue propuesto al cargo por el presidente republicano Ronald Reagan.

En su fallo del 19 de noviembre, Tigar dio la razón a los grupos jurídicos que argumentaron que la ley federal es clara en cuanto a que los inmigrantes en Estados Unidos pueden solicitar asilo al margen de si entraron ilegalmente.

El presidente “no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición prohibida exprofeso por el Congreso”, dijo el juez en su orden.

El fallo causó una inusual controversia pública entre el mandatario y el magistrado presidente John Roberts después de que el mandatario se refiriera a Tigar —nombrado por el predecesor de Trump— como un “juez Obama”.

Roberts respondió que el poder judicial no tiene “jueces Obama ni jueces Trump, ni jueces Bush o jueces Clinton”.