MANAGUA (AP) — El gobierno de Nicaragua anunció el martes la excarcelación de 636 personas, pero la oposición denunció que apenas 18 son opositores que estuvieron involucrados en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

La medida del ejecutivo supone un incumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de diálogo, según la oposición.

“El engaño y la falsedad no funciona en Nicaragua ni con la comunidad internacional”, indicó la opositora Alianza Cívica en un comunicado. “No se puede pretender que mediante falsas comunicaciones van a cesar las presiones y sanciones contra el Gobierno, que continúa evidenciando que no está dispuesto a cumplir con lo que ha firmado”.

El gobierno y la oposición se sentaron a la mesa de negociaciones en febrero en un nuevo intento para poner fin a un año de crisis política, pero hasta ahora los avances han sido escasos.

De hecho, de forma paralela a la excarcelación, la policía negó una marcha opositora convocada para el miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de las protestas, aunque en los acuerdos el gobierno se comprometió a garantizar la libertad de manifestación.

En el escueto comunicado divulgado el martes por la mañana, el Ministerio de Gobernación se limitó a indicar que los excarcelados eran presos detenidos “por distintas razones” que estaban recluidos en diversos centros penitenciarios y que han sido enviados a su domicilio con el beneficio de “convivencia familiar” (arresto domiciliario).

La liberación definitiva de todos los presos políticos fue un compromiso asumido por el gobierno de Ortega en las negociaciones realizadas del 27 de febrero al 3 de abril, en las que también se acordó que el proceso fuera supervisado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, entidad que sería la encargada de consensuar la lista de presos políticos, ya que la oposición dice que son unas 700 personas y las autoridades afirman que la cifra es menor.

Hasta ahora el gobierno había excarcelado a 200 opositores pero lo hizo de forma unilateral, dejándolos en libertad condicional y sin la observación del organismo humanitario.

En esta ocasión tampoco informó a la Alianza, según dijo el líder estudiantil Max Jerez, miembro del equipo negociador de la oposición.

Los 18 opositores excarcelados el martes son una cifra todavía por confirmar, según el comunicado de la Alianza, pero que coincide con la información ofrecida por el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos que habla de “menos de 20”, según dijo a The Associated Press uno de sus miembros, Liliam Ruiz.

Mientras tanto, la policía negó una solicitud presentada por representantes de la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza, para realizar una marcha nacional en Managua con motivo del primer año de las protestas contra Ortega.

La policía argumentó que las dos personas que presentaron la solicitud “no cumplen los requisitos de ley” y “estuvieron involucradas en graves alteraciones al orden público en las últimas semanas”.

Silvia Gutiérrez, vocera de la UNAB, dijo que pese a la prohibición policial “la marcha se mantiene” y está prevista para el miércoles por la tarde sobre la carretera a Masaya, sector donde se han realizado numerosas protestas antigubernamentales.

Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el martes al gobierno de Nicaragua “evitar represión durante el aniversario de la insurrección de abril” y expresó su preocupación ante la posibilidad de que “las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta”.

Países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europa han instado en diversas ocasiones a todas las partes a buscar una salida negociada y ha instado al gobierno a avanzar en las reformas electorales necesarias para poder adelantar las elecciones y conseguir que sean unas votaciones transparentes.

La crisis de Nicaragua estalló el 18 de abril de 2018 con protestas estudiantiles que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares, con un saldo de 325 muertos y 2.000 heridos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).